Su preocupación manifestó el alcalde Jaime Bertin por el impacto que tendrá el alza de los combustibles decretada por el Gobierno durante esta semana en las arcas financieras municipales, “toda vez que, de acuerdo a un análisis preliminar que hemos efectuado al respecto, como gestión tendremos un gasto no presupuestado durante el año de $452 millones de pesos para costear el funcionamiento institucional propio, más el DAEM y Salud”, indicó el jefe edilicio.

De acuerdo a lo señalado por la autoridad comunal, algunas de las áreas que se verán afectadas son las referidas a gasto de combustible, calefacción de recintos educativos y centros de salud primaria, además de los recorridos de transporte rural escolar, “todo lo cual se encarecerá producto de esta medida y que nos obligará a adoptar medidas para hacer frente a esta compleja situación, ya que se trata de servicios que no se pueden dejar de brindar y cuyo financiamiento se había establecido con antelación, al momento de generar el presupuesto año 2026”.

De igual modo, el alcalde de Osorno lamentó la compleja situación económica que deberá enfrentar la comunidad producto de esta alza de los combustibles, “pues sabemos que aquello traerá aparejado el aumento del costo de la vida en general, al encarecerse los productos de primera necesidad, el trasporte y servicios como el gas y la luz eléctrica. Además, no hay que olvidar que también tendrá un impacto negativo en la industria económica, pues los procesos productivos también se verán afectados, lo que puede ser un factor limitante para la inversión, especialmente en la agricultura y ganadería”.

“Por ello, hago un llamado al Gobierno a adoptar nuevas medidas para paliar esta compleja situación, pero que estén orientadas a las personas que viven en regiones como la nuestra, ya que la realidad aquí es diferente, al tener una matriz energética donde el principal elemento de calefacción es la leña que, de seguro, encarecerá su valor, ya que su transporte será más costoso debido al alza del combustible”, agregó la autoridad edilicia.

“Por último, me gustaría dejar claro que, al final, somos los municipios los que terminamos atendiendo las urgencias sociales generadas por este tipo de determinaciones, pues los vecinos acuden a nuestras dependencias a solicitar ayudas concretas como mercaderías o pago de servicios básicos, lo que significará que debamos disponer de mayores recursos financieros para atender aquello, lo que agudizará aún más esta compleja situación que deberemos enfrentar”, agregó la autoridad.